Joaquín Subercaseaux, investigador / consultor área Estudios, evaluación y sostenibilidad. 

Estudios e investigaciones, seminarios, notas de prensa sobre convivencia escolar se han sucedido en los últimos años en nuestro país. Desde la institucionalidad pública, se han establecido políticas nacionales, guías y herramientas, además de varias obligaciones para los establecimientos, que muestran un esfuerzo por avanzar en este tema en su cotidianeidad escolar.

Este posicionamiento de la temática, bien lo saben los equipos de convivencia, profesores y profesoras, asistentes, directivos y directivas, no significa que las preocupaciones que motivaron estas medidas hayan dejado de existir. Más bien, se ha abierto un ámbito de trabajo exigente, aunque ya reconocido como fundamental por estos actores. Se suma así la gestión de la convivencia a la tarea de las escuelas, liceos y colegios de ejercer su rol de enseñanza y formación académica.

Paralelamente, las instituciones de educación superior viven su propio proceso en relación a la convivencia. Aquí, hay menos desarrollo y más preguntas. Es cierto, se han promulgado normas que regulan algunos aspectos de la convivencia en este nivel educativo, como la ley 21.091, de 2018, que indica que las instituciones de educación superior deben promover la participación de todos sus estamentos, con el propósito de fomentar la convivencia democrática; o la ley 21.369, del año 2021, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.

Sin embargo, las definiciones a nivel de sistema educativo para la convivencia en educación superior parecen estar en desarrollo. Por lo pronto, se deben considerar, y abordar, los efectos de la pandemia y el encierro en los y las estudiantes: estrés y afectaciones a la salud mental. También, ciertas situaciones de violencia en las sedes o campus. Es necesario establecer una cultura de respeto; buscar formas de eliminar el acoso sexual. Son todas situaciones que exigen instalar una discusión un poco más exigente respecto de la convivencia, definiendo las responsabilidades institucionales y promoviendo acciones que permitan asegurar la paz en la vida universitaria o en los institutos.

Inicialmente, diríamos que las responsabilidades que tienen estas instituciones son distintas de las que tienen los establecimientos de educación básica y media, pues los y las estudiantes de educación superior son mayores de edad, y se están formando para la vida laboral. Pero esta distinción es básica, y se debe seguir avanzando: ¿es parte del rol docente atender la formación integral de los y las estudiantes?, ¿deben por tanto ser formados en ello?, ¿hay que definir mecanismos de solución colaborativa cuando hay, por ejemplo, faltas de respeto a la autoridad? Estudiantes sobrepasados por sus responsabilidades, ¿deben recibir apoyo institucional? Es cierto que siempre habrá profesores de educación superior que los apoyan, y alguno que otro funcionario que los guíe  para desenvolverse en su vida en el instituto o universidad. Sin embargo, estas son algunas preguntas que deben ser abordadas de manera más sistémica, por cada institución de educación superior, y también a nivel de sistema educativo.